LOS PROBLEMAS SIGUEN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE VALLADOLID

Valladolid 21 de mayo de 2008

Continuando con los actos violentos que vienen protagonizando los internos clasificados como FIES 1 (internos de muy alta peligrosidad), desde hace aproximadamente dos semanas, en el Centro Penitenciario de Valladolid, en la noche de ayer, día veinte de mayo, dos de dichos internos procedieron a la quema de ropa de cama en su celda con el consiguiente riesgo para si mismos y para los funcionarios que de forma ejemplar controlaron la situación.

Si, como declaró el Director del Centro Penitenciario a los medios de comunicación, esta situación se debe fundamentalmente a que, en la actualidad, coinciden en este Centro Penitenciario una serie de internos “muy jóvenes” en esta clasificación, desde el sindicato CSI-CSIF nos preguntamos por qué no se resuelve la situación con una medida tan simple como la dispersión de los mismos. El hacinamiento aumenta la "tensión" entre los internos, que se manifiesta en peleas y agresiones entre los internos y hacia los funcionarios, así como en desórdenes colectivos que reducen el nivel de seguridad.

Por otra parte, aún esperamos que por parte de la Secretaría General de II.PP., se tomen medidas dirigidas a proteger la integridad física de los trabajadores que han de desarrollar su labor en contacto con este tipo de reclusos, pues consideramos que ello debería ser la prioridad fundamental de la misma.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) en su exposición de motivos recoge que “la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas”. Asimismo, en su artículo 5 sobre objetivos de la política de protección, se recoge “la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”

Acaso ¿la Administración Penitenciaria no se considera que es la empresa en la que desarrollan su labor los funcionarios de II.PP. y por lo tanto debe ser responsable de proteger su seguridad y salud?

¿No deberían, en estos casos, realizar un estudio sobre los hechos, que se vienen produciendo de forma continua desde hace dos semanas (agresiones, lesiones, incendios provocados….), las causas de los mismos, factores de riesgo asociados y determinar posibles soluciones correctoras?, o es que a la recién estrenada Secretaría General de II.PP. no le importa la seguridad y salud de sus trabajadores, y hay que esperar a que se produzcan hechos irremediables para que se tomen cartas en el asunto

Desde CSI-CSIF consideramos que es necesario que por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se tomen medidas inmediatas para atajar este tipo de situaciones, en cualquier Centro Penitenciario en que puedan plantearse, y con el objetivo prioritario y claro de proteger la integridad física de sus trabajadores que en la actualidad tienen una completa sensación de indefensión, máxime cuando además, en muchas ocasiones, han de responder posteriormente ante órganos judiciales por las denuncias falsas que de forma sistemática realizan dichos internos.